Son tantas las noticias que describen los abusos de muchos presidentes municipales y la impunidad que les permiten la Cámara de diputados, la Contraloría y la Fiscalía Anticorrupción que en los pueblos empieza a tomar fuerza la justicia por propia mano. Es una práctica cavernícola, pero ante la inacción de las autoridades parece que el pueblo no encuentra otra opción que aplicar la ley del talión: “ojo por ojo, diente por diente”. El fenómeno espanta a la sociedad no así a los alcaldes ni al gobierno. Los ediles siguen atropellando y desviando el presupuesto municipal. Las instituciones les brindan libertad. Un vicio muy arraigado.
El reciente caso del presidente municipal de Sola de Vega, el panista Esaú Núñez Calvo, es aleccionador. Este edil renunció al cargo solo cuando estaban por jalar la soga que ya tenía en el cuello. Este hecho ejemplifica el grado del hartazgo social. El pueblo estuvo a punto de ahorcarlo cansado de sus abusos y de la complicidad de la Cámara de diputados. Cuando Sola de Vega decidió el juicio popular contra su alcalde éste acepto renunciar. El Ayuntamiento en pleno ya designó al suplente. Falta ahora darle formalidad a la decisión del pueblo, pero los diputados siguen dando largas al asunto. La complicidad no puede ser más evidente.
¡EJECÚTENLO!
Los locuaces diputados del PT Gerardo Fernández “Norroña” y el “Carasucia” Benjamín Robles llegaron a Chahuites, una población del Istmo de Tehuantepec, donde con gran irresponsabilidad incitaron a un linchamiento real, el del
presidente municipal Leobardo Ramos Lázaro, del MC. La gente que asistió al mitin de los dos gárrulos, escuchó la arenga y, obviamente, se animó.
“¿Cuántos huevos tienen ustedes? Los mismos que su presidente municipal entonces no se dejen de tantos robos de este pedorro presidente municipal violento y corrupto”. Así decía “Norroña”. En su colérica soflama insistía: «Me dicen mis fuentes que el alcalde de aquí llegó pobre, sin una casa y que ya tiene tres».
La instigación en Chahuites fue el 31 de enero pasado, tres días después ese alcalde fue ejecutado cerca de su domicilio.
Aunque dicen que la Fiscalía “investigará” todo puede terminar como en aquella obra de Lope de Vega. Cuando la ley pregunte ¿Quién mató al comendador? La respuesta será: Fuenteovejuna señor”.
MISMAS PRÁCTICAS
Además de la vieja noticia de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había congelado las cuentas bancarias de Antonino Morales Toledo el presidente municipal de San Blas Atempa señalado por huachicolero y otros negocios turbios, muchos presidentes municipales siguen apegados a las prácticas del abuso y la corrupción.
Un espontáneo corresponsal me dice que las ligas de la delincuencia organizada con las autoridades municipales en muchas comunidades del Istmo, eleva los índices de criminalidad. A eso atribuye el atentado que sufrió ayer el presidente municipal de San Francisco del Mar, Juan Carlos Vargas Gómez. Su casa en la cuarta sección del pueblo, recibió varias ráfagas de metralla AK47.
El suceso fue en horas de la madrugada, hubo pánico entre los vecinos que aún sufren el estrés que les provocó la masacre de 15 vecinos de San Mateo del Mar en Junio pasado.
Hasta estos momentos el presidente municipal no ha dado declaraciones al respecto, esta resguardado por pistoleros en su domicilio. Es tal la inseguridad en San Francisco del Mar que han robado hasta cajeros del banco, los asaltos y robos siguen al alza igual que en todos los pueblos de la zona Huave donde hasta masacres suceden y nadie hace justicia.
ENCHIDOS DE RABIA
Lo que ocurre en este momento en la carretera Matías Romero-Veracruz, necesariamente debe prender focos rojos en el gobierno. En una expresión más de coraje contra los abusos una decena de pueblos del municipio de San Juan Mazatlán, Mixes, mantienen cerrada la vialidad desde el martes pasado y tienen retenidos a tres funcionarios. Lo de siempre, acusan de corrupto a su presidente municipal Macario Eleuterio Jiménez, le exigen sus participaciones y que renuncie. Ningún representante de la cámara de diputados los ha escuchado.
Cansados de no recibir las participaciones que por ley les corresponde y sin saber qué hace el edil con el presupuesto que recibe, piden auditoría. La cámara de diputados no les hace caso.
Para tratar de levantar el bloqueo y dialogar con ellos acudieron tres funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, Jorge Toledo, Osiris Jiménez y Gabriel Hernández. Dado que es un asunto que compete al poder legislativo no hubo respuestas inmediatas. Hasta ayer por la tarde seguían en calidad de rehenes.
