VAYA CUESTIONADA la que recibió el secretario de (Des)gobierno de Oaxaca, JESÚS ROMERO, durante la entrevista que concedió al periodista LUIS CÁRDENAS.
EL COMUNICADOR fue directo al grano: ¿Qué están haciendo? Esto ante el crudo panorama de que en la entidad impera la dominación de grupos criminales, el cobro de derecho de piso y un posicionamiento clave en delitos de extorsión y trata de personas.
EL “FLAMANTE” secretario se limitó a responder con justificaciones absurdas, argumentando que la violencia no es un asunto local ni nacional, sino un fenómeno mundial, y que por lo tanto nuestra entidad no puede estar exenta de padecerla en muchas de sus regiones. Casi catalogando a la violencia como algo natural.
OSÓ DECIR, además, que la percepción de la violencia está «sobredimensionada» por sus adversarios políticos. Con total ligereza, invitó al periodista a visitar Oaxaca y caminar por sus calles de noche para constatar que «aquí no pasa nada», presumiendo cínicamente que «hoy ya solo ocurren 2 homicidios diarios, cuando antes eran 4 o 5».
CÁRDENAS LE REVIRÓ de inmediato: «El sol no se tapa con declaraciones, secretario… hace apenas dos meses hubo un ataque armado en pleno Juchitán que cobró la vida de tres personas, incluido David López Valdivieso, hijo de un propio subsecretario de Gobierno. ¿Y me dice que ya todo acabó en dos meses?». ROMERO solo atinó a balbucear: «Pero vamos avanzando».
CLARO, SECRETARIO. A usted no le va a pasar nada; no le van a quitar el celular en un asalto de esquina ni le tocará que le secuestren a una hija a plena luz del día. Usted y su familia viajan blindados y cuentan con escolta personal, pero el ciudadano común y corriente camina en el desamparo.
ES MÁS, la terca realidad nos dice que muchos de los que sufren robos o extorsiones deciden no reportarlo a la policía, y mucho menos acuden al Ministerio Público a interponer una demanda. Primero, porque saben que el trámite no arrojará ningún resultado positivo; y segundo, porque el miedo impera: muchos afectados temen, fundadamente, que las propias instituciones estén al servicio del crimen organizado.
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