AL TORO POR LOS CUERNOS

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Se manifiesta la voluntad política para solucionar dos casos peliagudos que, sin duda, quitan el sueño a los altos funcionarios del gobierno estatal, principalmente al gobernador Alejandro Murat. Me refiero al asunto de los 98 triquis “desplazados” y la supuesta escasez de agua en Ayutla, Mixes.

         Dos temas muy manoseados por grupos de interés político de diferente índole. A eso obedece que, en una actitud poco usual, haya sido directamente el gobernador quien conduzca las negociaciones. Por el cúmulo de grupúsculos que manosean ambos conflictos, el éxito no será fácil, pero si Murat lo consigue sus bonos políticos subirán. Por eso ha decidido tomar al toro por los cuernos.                     

                              LOS TRIQUIS

       Desde el 2011, cuatro grupos de supuestos desplazados del pueblo Triqui de San Juan Copala, asesorados por el cartel 22 y otros grupos facciosos lograron medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se plantaron en los portales del palacio de gobierno y sus alrededores que hoy ocupan para vendimias de toda índole. De 98 que llegaron inicialmente quedan unos 40 triquis que convirtieron la protección de las CIDH en un negocio muy lucrativo.

       Desde el gobierno del saqueador Gabino Cue hasta la fecha, los “desplazados” han recibido del gobierno 66 millones de pesos más despensas, medicinas y la tolerancia de traficar con los portales y demás espacios que ocupan al rentarlos a otras personas. Solo son cinco cabecillas los que se benefician con tanto dinero y el tráfico de espacios: Lorena Merino, Reyna Martínez, Marcos Albino, Epifania Martínez y Jesús Martínez quien se autonombra presidente del municipio “autónomo” de San Juan Copala. Después de tantos años de abusar de la excesiva tolerancia del gobierno, los cinco tienen serias disputas por los beneficios que reciben por recomendación de la CIDH.

       En este, EL MEJOR DIARIO DE OAXACA, se publicaron documentos de todo lo que han recibido. Además de los 66 mdp están 137 lotes que les compró el gobierno en la Mixteca y Valles Centrales, de los cuales 60 fueron entregados a beneficiarios de la medida cautelar y el resto a familiares que se les unieron posteriormente. La protesta se volvió tan lucrativa que ninguno de los 40 que quedan quiere dejar sus negocios en los portales del palacio iluminados con electricidad que roban de los postes.

       Este es el motivo por el que el gobernador Murat haya anunciado que de las 300 casas del Infonavit que el gobierno ha recuperado por falta de uso, unas 40 serían destinadas para los desplazados triquis que han rehuido a las negociaciones porque piden una casa “bien construida”. Se las ofrecerán una vez regularizadas, dijo el mandatario.

       El Defensor de los Derechos Humanos de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla quien participa como observador del conflicto del que se dicen víctimas los Triquis, califica como una respuesta seria del Estado Mexicano, a las medidas cautelares de la CIDH. Ante su situación de “desplazados” la recomendación al gobierno es que se les restituyan sus condiciones de una vivienda digna. Cuando los Triquis acepten el nuevo ofrecimiento del gobierno, la CIDH valorará si levanta o no las medidas cautelares.

                              LOS MIXES

        El segundo conflicto espinoso se da entre Tamazulapam y Ayutla. El gobernador anunció que ha pedido a funcionarios federales como la delegada Nancy Ortiz para que intervengan, pero “sólo como intermediaros y no como parte de conflicto para lograr una solución pronta y pacífica a esta problemática”.

       Es aquí donde salta la suspicacia ¿Qué papel jugará la llamada “super delegada” federal cuando hay la sospecha de que es el director del INPI, Adelfo Regino Montes quien atiza el conflicto en la región Mixe? 

       Murat invitó a dialogar a las autoridades municipales y agrarias de ambos pueblos mixes. Fue una discusión larga desde las 14 hasta cerca de las 23 horas. Hubo propuestas que el mismo gobernador dio a conocer ayer.

       Proponen ambos pueblos compartir el agua del manantial en disputa, en partes iguales. Ocho tomas para cada pueblo y la conexión para Ayutla piden que sea “de manera inmediata y sin condiciones”. Discutirán la restitución de 25 predios que reclaman a Tamazulapam.

       En las primeras pláticas Tamazulápam propuso: conexión al manantial en disputa de manera inmediata y simultánea para ambos municipios. Que Ayutla se debe desistir del amparo promovido, mediante el cual se impide la conexión de Tamazulápam. Acordaron una mesa permanente de diálogo. En las negociaciones participa también el DDHO

Bernardo Rodríguez Alamilla como observador para que no se violen los derechos de uno y otro pueblo.

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