PATRIMONIAL

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POR FELIPE SÁNCHEZ 

-ESCAPARATE POLÍTICO

JUEVES 23 DE  JUNIO DE 2022

UNA LINDEZA la forma tan cínica en que se apropian de la UABJO gracias a la fauna social que les opera al interior de ésta.

LA UNIVERSIDAD se maneja realmente como patrimonio privado ¿Quién lo puede negar? Un grupo lo conforman un padre ex rector, Abraham Martínez, un hijo ex rector, Eduardo Martínez Helmes (quien llegó a prisión) y hasta un  sobrino ex  rector, Eduardo Bautista Martínez –quien ya en el cargo quiso sacudirse el yugo del tío–.

POR otro lado, NAHÚM CARREÑO (asesinado en 1995)  Su esposa ex rectora, LETICIA MENDOZA TORO “la loba” cuyo control en la universidad se ha restablecido a grado tal que ésta  palomeó la asunción de CRISTIAN CARREÑO, como rector, una vez que salió del preciado cargo EDUARDO BAUTISTA MARTÍNEZ.  

PARA arrebatar la UABJO a los chapitos (la familia “real”)  fue muy hábil la forma; llevar a prisión al chapito EDUARDO MARTÍNEZ HELMES y así hicieron que el sobrino soltara el control de la universidad, momento en que entró la loba nuevamente e impuso a Carreño

A QUÉ GRADO patrimonial se maneja la UABJO que me aseguran que hasta ha habido inmuebles universitarios que se hicieron perdedizos. Con el tiempo,  se volvieron propiedad privada y como tal,  terminaron en  venta.

TANTA FINEZA obliga a buscar impunidad. En esto yace  la insistencia para llegar a la rectoría, por eso, se la van rotando y la han vuelto patrimonio familiar.  

CUANDO llegó  CARREÑO, la Loba y el muratismo fortalecieron  su control sobre  la universidad. Quien me comenta las hazañas de los “propietarios” de la universidad, me aseguran que a la mano que mece la cuna,  a espaldas de los trabajadores, le toca un porcentaje de lo extraído al gobierno federal, frutos de las protestas sindicales, bloqueos y también de los dineros destinados a la operación de la universidad. Mientras, a los dirigentes destinan  migajas y una que otra plaza.

NI TRABAJO NI TRANSPARENCIA

CUANDO Oaxaca era gobernada por ULISES RUIZ, éste tuvo la aciaga idea de poner a trabajar a los poltrones de la Sección 22 del SNTE que cada año acampaban en el corazón de la ciudad y hacían de éste un gran muladar y un enorme dormitorio y baño público en los espacios, que hoy ocupan los ambulantes triquis.

LO ANTERIOR como medida de presión para renegociar, como cada año,  sus condiciones laborales (más sueldo, más prestaciones, menos educación  y más fortunas para los líderes) 

URO aferrado a terminar con esa vetusta anárquica y perniciosa práctica magisterial y decidido a rescatar el hermoso zócalo de la ciudad y el Centro Histórico –recuerden que la belleza actual de las postales de Oaxaca fue posible por las obras que este gobernante hizo durante su sexenio–,  los desalojó. No solo eso, les suspendió pagos. Alguien finalmente se decidía hacer algo por la educación de Oaxaca.

“osarse a romper la costumbre de los millones de pesos de cuotas que se destinaban (…) a las organizaciones sociales más extremistas” –que en ese año sumarían 400 millones de pesos– fue el combustible que usaron los grupos políticos detractores para mover a los inconformes, aliarlos e integrarlos al “incendio” de Oaxaca y a pedir su caída” (ESCAPARATE POLÍTICO 17/MAYO)

ESOS millones pretendía, aquél gobernador,  que llegaran a las actividades productivas, pedir cuentas sobre el destino del dinero que se daba a las organizaciones sociales, ese fue su atrevimiento y no se lo perdonaron.

POR ESO, ahora que la APPO hasta  tiene  diputados, es el caso de  CÉSAR DAVID MATEOS BENÍTEZ Y HORACIO SOSA VILLAVICENCIO –no importó que destrozaran a Oaxaca y aniquilaran la industria turística a partir de 2006 hoy hasta “legislan”–  qué mejor forma de aprovechar el poder para exigir a 16 años de distancia,  que URO  y varios de sus funcionarios sean llamados a declarar ante un juez.

LOS appo diputados exigen QUE se finquen responsabilidades penales por delitos como “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes” 

EL PEDIR a los maestros que trabajen y a las organizaciones que aclararan en qué terminaría el uso de los dineros que el gobierno les entrega, en Oaxaca,  es algo así como un pecado que debe ser duramente castigado.

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