Raymundo Ibáñez del Castillo.
En pleno proceso electoral ya tan solo dos meses y días para la jornada del próximo domingo 2 de junio, el gobierno federal, sigue utilizando el dinero de los mexicanos, abiertamente, a diestra y siniestra, a través de los mal llamados «programas sociales», que son el instrumento perfecto para inducir, manipular y coaccionar el voto de los mexicanos e influir en la voluntad de los electores a favor de los candidatos del partido del poder.
Tan solo en el año pasado, 2023, en el que se inició el proceso electoral, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), contempló un total de 65 dizque «programas sociales», con un presupuesto de 865 mil 227 millones de pesos, el más alto en los últimos 11 años, incluyendo los primeros cinco del sexenio actual y que está por terminar.
Para este 2024, año eminentemente electoral, se aumentó a 964 mil millones de pesos el presupuesto para «programas y proyectos prioritarios», como se le consideran a los «programas sociales», es decir, 98 mil 773 millones de pesos más que el año anterior.
Todo este dinero de los mexicanos, destinados a fines eminentemente electorales, a través de los 65 mal llamados «programas sociales», como son todos los que está utilizando el gobierno federal para perpetuarse en el poder, es utilizado también para cometer delitos electorales que quedan en la impunidad.
Para muestra de lo que aquí escribimos y afirmamos contundentemente, basta mencionar, con todo y que pudiera ser el más insignificante, pero no menos importante, el caso de la EST No. 85, donde el director de la institución, Víctor Manuel Roldán Ramírez, sin respeto al trabajo, a la responsabilidades y a las ocupaciones de los «padres de familia y tutores que ejercen la patria potestad», los citó a la «Asamblea General Extraordinaria» a las 7 de la mañana de este viernes 22 de marzo.
Con tan solo dos días de anticipación, es decir, del miércoles 20 al viernes 22, el último día de clases antes de iniciar el periodo vacacional de «Semana Santa», los paterfamilias, acudieron a la «Asamblea General Extraordinaria», para tratar, como único punto, el referente a la «APLICACION DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA BIENESTAR», como decía el citatorio, sin especificar concretamente, cuál de todos los 65 que abiertamente utiliza el gobierno federal, con fines eminentemente electorales.
La «Asamblea General Extraordinaria», se terminó una hora y media después de que fue iniciada; y no sirvió para otra cosa más que para utilizar de parapeto el programa «La Escuela es Nuestra», con fines eminentemente electorales y, consecuentemente, la comisión de delitos electorales que nadie ve y menos denuncia y, por lo consiguiente, quedan en la impunidad, como tantos otros más, porque no son castigados conforme a la ley.
Evidentemente, la «asamblea de padres de familia», no sirvió más que para evidenciar el desacuerdo, la pugna y la confrontación entre integrantes del comité de padres de familia y el comité de obras; y también electoreramente, porque se le puso «especial cuidado» a las listas de «Bienestar», en las que los 419 asistentes, menos de la mitad de los aproximadamente 900 padres de familia en total, registraron de puño y letra y con mayúscula, su nombre y estamparon la firma correspondiente, que ya sabemos para que se van utilizar, porque si hacen votar a los muertos, lo demás es lo de menos.
Consecuentemente, a esta acción de evidente manipuleo electorero, habrá que sumar delitos electorales, que si las instituciones responsables de investigarlos y castigarlos, no fueran indiferentes e incondicionales, ni estuvieran bajo el yugo del poder ejecutivo, no solamente investigarían, sino también castigarían, con la aplicación de todo el peso de la ley a los directamente responsables, intelectuales o materiales, de estos delitos electorales y así se combatiría la impunidad.
Y así como este, que pareciera a simple vista un acto de buena fe y hasta insignificante, el proceso electoral 2023- 2024, está plagado de infinidad de delitos electorales, que no son más que «aquellas acciones u omisiones que sancionan las leyes penales y que afectan el adecuado desarrollo de la función pública electoral, y el ejercicio del voto que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible», como en este caso el que nos referimos concretamente y que debería de ser atraído por la fiscalía especializada, dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR).
Es más, la FGR, debería de intervenir y actuar de oficio.
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