AMBIVALENTE (I)

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POR FELIPE SÁNCHEZ CRUZ

ESCAPARATE POLÍTICO*

LUNES 05 DE DICIEMBRE DE 2022

APLAUSOS por parte de los oaxaqueños mereció el rescate del portal que da ACCESO al edificio emblema del poder político y que por más de una década fue invadida por triquis que bajo el ropaje de pobres e inocentes corderitos, explotaron económicamente como lobos. Sin pagar impuestos, renta (al contrario, cobraban esto cuando el espacio lo “arrendaban”), hasta la luz se robaban, con total patente de corso.

La medida pudiera ser ambivalente, aunque hasta el momento, ha ganado el lado positivo de la acción, de esto hablamos hoy, mañana abordamos la posible parte negativa. 

LOS ACIERTOS se deben reconocer, lució muy bien el tema del desalojo de triquis y más cuando la gente, cansada de no poder transitar libremente in situ, repentinamente vio toda la zona limpia, sin ambulantes, con los pasos peatonales libres, recuperando el lugar el encanto que siempre ha cautivado a propios y extraños.

Sin embargo, esta “acción” de liberar el portal, estaba lista para ser efectuada desde el pasado mes de septiembre. La ceremonia del “Grito de Independencia” pudo haberse realizado ya sin los triquis. Pero ejecutarlo bajo el gobierno anterior, habría sido catalogado como represión, hoy, con SALOMÓN JARA, en el poder, se le calificó distinto, les explico por qué.

“Desde 2011 (En el gobierno de GABINO CUÉ), cuatro grupos de supuestos desplazados del pueblo triqui de San Juan Copala, asesorados por el cártel 22 y otros grupos facciosos lograron medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se plantaron en los portales del palacio de gobierno…” y desde entonces se apoderaron del lugar y montaron puntos de venta de “artesanías” y ropa “típica”.

La CIDH al establecer una medida cautelar SOLICITA a un Estado PROTEGER a personas en situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable (defensores de derechos humanos, periodistas, grupos vulnerables, tales como mujeres, niños, personas desplazadas, etcétera).

Esta protección, incluye, brindar, desde vivienda, recursos económicos, atención médica, alimentación, etcétera. Los triquis se apoderaron de los portales –so pretexto de tener un lugar para desarrollar actividades económicas–. Desalojarlos, con la medida cautelar encima, era contraria a las normas internacionales y colgaría al gobierno la medalla de represor.

De todos los triquis que originalmente tomaron el palacio (cifra que frisaba las 100 personas) se quedaron con el tiempo 40, “que convirtieron la protección de la CIDH en un negocio muy lucrativo (…) Desde el gobierno del saqueador Gabino Cué, hasta agosto de 2019, los desplazados (habían) recibido 66 millones de pesos, más despensas, medicinas” (Escaparate Político 21/agosto/2019)

Se sabe que recibieron además lotes, 138 en la Mixteca y 60 en los Valles Centrales (hasta casas del Infonavit que les ofrecieron las rechazaron por querer casas mejores). Son cinco cabecillas los que se beneficiaron con esto: Lorena Merino, Reyna Martínez, Marcos Albino, Epifania Martínez y Jesús Martínez. Todos terminaron con “serías disputas por los beneficios recibidos gracias a la recomendación de la CIDH”.

Por cumplir las medidas cautelares y tras largos procesos para que la CIDH las retirara, esto se logró en meses pasados, pero la circunstancias, no permitieron el desalojo, esta miel se la bebió el jarismo.

AÚN ASÍ, el saldo blanco del desalojo, debió lograrse tras mucha negociación política (y económica). Los pataleos vistos de las líderes marrulleras, jaloneando funcionarios, enfrentando a policías, negando, ante sus compañeras triquis y ante los medios, los privilegios económicos que han recibido del gobierno, es natural y necesaria para acallar los cuestionamientos que ya les hacen al interior de sus organizaciones ante tan dócil desalojo.

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