Alfredo Martínez de Aguilar
Como parte de nuestra crítica propositiva es profunda convicción jamás regatear méritos a nadie. No solo reconocemos los aciertos de los gobiernos, sino que incluso los aplaudimos públicamente.
Resaltamos el exitoso esfuerzo del gobernador Salomón Jara por fortalecer la gobernabilidad, al recuperar los portales del Palacio de Gobierno de triquis y el Zócalo de comerciantes informales.
Aunque su avance es lento a la luz del transcurso del primer año de gobierno, al mismo tiempo, hemos dado la más ferviente bienvenida al combate contra la escandalosa corrupción pasada.
Con el optimismo del realista informado confiamos que el combate a la corrupción no se trate de una simple venganza política, sino que con apoyo en la ley comprenda todas sus modalidades.
Exigimos que no solo se sancione con cárcel a los responsables intelectuales y materiales de la corrupción en la obra pública, así como en la venta de plazas y concesiones del transporte.
Demandamos que Geovany Vásquez Sagrero, Consejero Jurídico del gobernador, aplique el procedimiento de extinción de dominio a los corruptos para devolver al pueblo lo robado.
Casos de grandes corruptos del pasado lejano y reciente comprueban que no basta con meterles a la cárcel, pues aún recluidos ellos y sus familias disfrutan de sus cuantiosas fortunas malhabidas.
Para ello, el gobierno de la Primera Transformación en la Primavera Oaxaqueña cuenta a su favor con el Instituto Estatal para Devolver al Pueblo lo Robado y la Unidad de Inteligencia Patrimonial.
Hasta ahora poco se ha observado que en el combate a la corrupción de los últimos tres sexenios en general, pero sobre todo en materia de Fiats Notariales, subyace una alta carga emocional.
Con genial perversidad sugerida a Salomón Jara, el gobierno de la Primavera Oaxaqueña golpea la línea de flotación de los yupis mexiquenses del Cartel del Despojo al pegarles en el corazón.
El golpe ha sido directo, como lo prueban fundamentalmente tres casos, la detención de Jorge Armando Zárate Medina, la cancelación del Fiat al “hermano” Guillermo Alejandro Nassar Piñeyro.
Lo mismo ocurre, ahora, con la anulación del Fiat Notarial de Edna Fernanda Pérez Zárate, la novia del ex Consejero Jurídico del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, José Octavio Tinajero Zenil.
El mismo denominador común como correa de transmisión de íntima amistad se da en el caso de la detención en Turín, Italia, del Notario Público Número 135, Jorge Alberto Merlo Gómez.
El 3 de abril, la Policía Internacional emitió la ficha roja A-2871/4-2023. La Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, lo localizó con fines de extradición en Turín, Italia.
El notario es acusado de los delitos de falsificación de documentos, ejercicio ilícito del servicio público y violación de otras garantías, en perjuicio de los hermanos Gómez Conzatti y Martínez.
El fedatario público Merlo Gómez, que detonó el escándalo nacional al despojar a sus hermanos, forma parte del Cartel del Despojo desde hace cuatro sexenios, al igual que otros notarios más.
Jorge Alberto Merlo Gómez despojó a sus hermanos Caleb, Herbé y Ashmar Gómez Conzatti y Martínez, mediante una operación de Estado, al desaparecer su identidad en el Registro Civil.
Al mismo tiempo, Merlo Gómez, a través del Cartel del Despojo, alteró su Clave Única de Registro de Población (CURP) para modificar sus bienes en el Catastro y el Instituto de la Función Registral.
En un análisis objetivo a la luz de los hechos de todos conocidos, al margen de filias y fobias, podemos concluir que de manera especial en estos cuatro casos se trata de “tiros de precisión”.
Con Heladio y Murat se pudrió el Notariado
La prostitución del notariado no es nueva. El punto de quiebre se dio en el gobierno de Heladio Ramírez López, al otorgar a su hermano Antonio Severino la Notaría Pública Número 57, entre otros.
La asesoría a Los Gitanos por Los Extraditables, Alfredo Ríos Camarena, Félix Barra García y Fausto Cantú Peña, inició el despojo de las playas en Punta Colorada, en Puerto Escondido, y Huatulco.
Los sicarios inmobiliarios ejecutores materiales del despojo de las playas fueron Sergio Vera Cervantes, Lino Celaya Luría, José Efrén Burciaga Hernández y el fiscalista Eligio Hernández.
Continuaron el despojo en las playas de la Costa Oaxaqueña, iniciado por el gobernador Víctor Bravo Ahuja, a través de sus amigos íntimos Fortunato Harp Abud y Salvador Acevedo Ricárdez.
El despojo de las playas en Punta Colorada siguió en el gobierno de Diódoro Carrasco al entregar 118 hectáreas a la empresa familiar Jencar S.A. de C.V. para construir un desarrollo turístico.
La corrupción alcanzó su cota más alta, al desaparecer Jorge Escaip Karam, director del Registro Público de la Propiedad, 33 libros, dejando en la incertidumbre jurídica a miles de inmuebles en el estado.
Escaip Karam, de ascendencia libanesa, primo hermano de Alfredo Harp Helú, fue designado titular del Registro Público de la Propiedad por José Murat al inicio de su gobierno, en diciembre de 1998.
El despojo de tierras comunales y playas en Puerto Escondido y Huatulco continuó en los gobiernos de Ulises Ruiz Ortiz, Gabino Cué Monteagudo y Alejandro Murat Hinojosa.
El Consejero Jurídico, Geovany Vásquez Sagrero, informó que se revisan los expedientes “simulados” del otorgamiento de 30 Fiats por Alejandro Murat el último día de su gobierno.
El último día de la administración de Murat, el 30 de noviembre de 2022, se publicó un Extra del Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, donde dio a conocer que los nuevos notarios eran:
Ramón Velásquez Chagoya, Notario Público número 78; Sandra Berenice Ramírez Bohórquez, número 88; Tomás Víctor González Ilescas, 140; María Ivonne Hampshire Moncada, número 141.
Otros beneficiarios del “piñatazo” de Fiats Notariales fueron los otorgados a María de la Luz Candelaria Chiñas, número 142, así como a Carlos Alberto Ramos Aragón, número 143.
Otro Extra del Periódico Oficial publicó el inicio de labores de notarios auxiliares y el 2 de diciembre, el inicio de labores de Jesús Armando López Mendicuti, ex secretario particular de Murat.
Un día antes se notificó el cambio de domicilio de Tomás Víctor González Illescas, de Miahuatlán a la Ciudad de Oaxaca. En octubre de 2022, se dio a conocer la entrega de fiats notariales a:
Jorge Armando Zárate Medina, Guillermo Alejandro Nassar Piñeyro, ex secretario privado del exgobernador; Gilberto Gamboa Escobar, exdirector del Instituto de la Función Registral (IFREO).
Manuel Pérez Morales, ex diputado local; Donovan Rito García, exdirector de Notarías; Edna Fernanda Pérez Zárate, ex asistente personal del Consejero Jurídico Octavio Tinajero Zenit.
Raúl Bolaños Cacho Cué, senador por el Partido Verde Ecologista de México; Carlos Abed Karin Escarlet Vásquez Guerra, Sasha Zamora Martínez, hija del ex magistrado Pedro Zamora Martínez.
Benjamín Hernández, hijo del notario Benjamín Hernández, ex secretario privado de José Murat; y Rafael Avilés Álvarez, hermano del diputado priista y ex candidato a gobernador Alejandro Avilés.
