Qué reducido se vio el Estado, qué vergüenza que quienes marquen el rumbo y los tiempos sean los miembros de una secta de facciosos que cobijados bajo la fuerza de la masa magisterial, se burlen no sólo de la ciudadanía sino hasta zarandeen a su progenitor que es el propio gobierno que no conforme con crear al Frankenstein de la sección 22, volvió a resbalar en el mismo error al pensar que concibiendo otro monstruo, la 59, podría aplacar a su primera monstruito (la 22) mas no fue así.
EL FACTICO poder de los dueños de la sección 22 pusieron nuevamente de rodillas al gobierno del estado. El Federal, de plano los ignoró. Como los avestruces, CALDERON prefirió esconder la cabeza pensando que así puede sosegar el reciente triunfo electoral de ULISES RUIZ cuando lo que está provocando entre los oaxaqueños una irritación social que puede estallar en cualquier momento.
LAS ANSIAS de justicia por propia mano en cada plantón, la irritación de la sociedad y la impotencia de los maestros sometidos por la política fascista de sus dirigentes, está tocando lo insoportable. La magra economía de los oaxaqueños en cada huelga loca y cada plantón o bloqueo de calles y carreteras, se hace insostenible. Las autoridades no pueden seguir encogiéndose de hombros ni mostrarse timoratos. La sociedad ya no lo soporta.
PRÁCTICAMENTE contra la pared, el gobierno aceptó una negociación de “todo o nada” con tal de que los orates levantaran los bloqueos. Aunque haya sido en documentos, el gobierno cedió a completa satisfacción de los paristas: media docena de órdenes de aprehensión en contra de los presuntos miembros de la sección 59 que participaron en el homicidio del “profesor” Artemio Camacho (de los heridos del otro bando, nadie se acordó); devolución –como si fuera simple mercancía– de aulas y alumnos cuyos padres de familia que hartos, como toda la sociedad, de la holganza de los de la sección 22, creyeron que la 59 era una opción válida.
Y YA QUE tenían al gobierno en posición de cuatro, los titiriteros del CHEPI le dijeron que de una vez se erigiera en Dios y ordenara la desaparición de poderes en los municipios de San Pedro Jicayán y Santiago Laollaga. Ah, también más dinero supuestamente para indemnizar a los deudos de su activista sacrificado en Jicayán, emblemático pueblito laboratorio del revolucionarismo trillado.
AQUÍ cabe la pregunta ¿Quién gobierna entonces en Oaxaca? Hasta donde la lógica y la razón nos asiste, un gobierno debe salvaguardar los intereses del pueblo y si la entidad tiene una población que supera los 3 millones 250 mil habitantes, de los que 1 millón doscientos mil son infantes matriculados como estudiantes del sistema de educación pública básica ¿por qué el Estado gobierna a favor de una secta de audaces “rojillos” que desde casi 30 años manipulan a los 70 mil afiliados a la sección 22 del SNTE?
El gobierno debe responder por qué secundó la desaparición de poderes en San Pedro Jicayán a sabiendas de que se trata de una decisión unilateral contra el sistema jurídico que, se entiende, nos rige.
EL MÁS lerdo de los leguleyos sabe que al no seguirse los procedimientos legales para tal acción, un gobierno municipal no puede ser desconocido con tanta ligereza. Incluso, si el Poder Legislativo secundara el autoritarismo del Ejecutivo, la Corte ampararía inmediatamente al Ayuntamiento de JICAYÁN ¿Serán capaces de resbalar en tal aberración?
PERO ESTE es el grado de insolencia de los dueños de la 22 y su cómplice el gobierno.
REVIVIENDO aquellos juicios sumarísimos del 2006 en el Zócalo que nos exhibieron como un pueblo de salvajes, los exaltados dueños de la 22 ya acusaron y sentenciaron al presidente municipal de JICAYÁN, Leonardo Silva. Es el autor intelectual, dicen, de la muerte de Artemio Camacho.
Sin que haya un dictamen jurídico ya fabricaron un culpable para evitar que se les señale como los provocadores y consecuentes responsables ¿Acaso piensan que el edil de Jicayán iba a suicidarse políticamente perpetrando un crimen? Nada más pueril. Por eso el gobierno debe una explicación ante semejante estulticia.
RESPECTO a la “desaparición de poderes” de Santiago Laollaga, el absurdo no puede ser mayor. Tal petición exhibe a los lerdos dueños de la 22. Todo el mundo sabe que hace más de 3 o 4 trienios allí no hay gobierno municipal. El tirano HUMBERTO ALCALÁ BETANZOS no ha permitido elecciones democráticas y eso se lo ha permitido el gobierno porque así conviene a los intereses de ambos. Lo que hay en Laollaga es un administrador municipal empleado del gobierno pero que obedece a los intereses del simiesco HUMBERTO ALCALÁ ex dirigente de la sección 22 y cabecilla de la disidencia a partir de que el hoy magnate ENRIQUE RUEDA no le dio participación del botín que significa la comandancia de ese sindicato.
EN LAOLLAGA se oyen con mayor rudeza las patadas entre las mulas. El caso es que los de la 22 le tienen tirria porque Humberto Alcalá que bien conoce las cañerías de ese sindicato, exhibe sus porquerías como eso de andar en todos los desmadres menos en la academia.
EL GOBIERNO debe un explicación a los miles de padres de familia que respaldaron a la sección 59 porque ya no sabían qué hacer cuando la sección 22 los colmó con tantos paros, con tantas arbitrariedades y encontraron el lógico respiro cuando la sección 59 les prometió educación de calidad y sin paros para sus hijos, aunque con el paso de los días ya mostraron que pecan de los mismos vicios.
El congreso local y el gobierno deben pensar dos veces en eso de seguirle el juego a los mentores, porque la desaparición de poderes puede anularse, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un revés al Congreso de Oaxaca en 2003 al resolver la controversia constitucional 49/2003, que concedió diez días a los diputados para reinstalar a las autoridades constitucionalmente electas en San Miguel Quetzaltepec, “por haber realizado sin la observancia de las leyes y disposiciones vigentes –no se dio al Municipio la oportunidad de ofrecer pruebas y formular alegatos, contraviniéndose así lo ordenado por el artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos– la desaparición de ese ayuntamiento”.
Otro caso en el que la SCJN revirtió la desaparición de poderes fue el de Santiago Amoltepec, en donde el máximo tribunal del país estableciera un criterio que beneficiaría a todos los municipios de México al ratificar el derecho de los ayuntamientos de poder defenderse cuando pretendan desaparecerlos.
De manera unánime los ministros de la SCJN declararon la invalidez de un decreto (el número 211) que aprobó el Congreso de Oaxaca para desaparecer al ayuntamiento de Santiago Amoltepec el 30 de julio de 2002”
Como parte de su resolución la SCJN le solicitó al Congreso oaxaqueño la inmediata reinstalación del ayuntamiento
Vamos a ver qué hace el gobierno con relación a la desaparición de poderes a petición de la Sección 22, que se está convirtiendo en un Estado dentro del Estado.
Vamos a ver qué hace en casos como en Tuxtepec, en donde 300 de los 400 alumnos de la primaria “Apóstol de la Revolución ” con sus padres y el director Aurelio García Mora, con 9 maestros anti paristas, continúan con los estudios de la enseñanza básica en una templo evangélico donde les han dado refugio ya que se oponen férreamente a la tiranía de los eternamente huelguistas de la 22. Así como este botón de muestra, muchos miles de padres de familia están fastidiados del sometimiento del frankestein que creo el gobierno y que ahora no puede controlar.
