Con el ataque a dos comunicadores ayer por parte de estudiantes normalistas, suman 11 los expedientes de agresiones contra periodistas tan sólo este año, de acuerdo con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
En un comunicado, informó que de 2015 a 2021 ha iniciado 284 expedientes de queja relacionados con agresiones contra trabajadores de medios de información, siendo los derechos más violentados, el derecho a la libertad de expresión, prensa y opinión, el derecho a la legalidad, igualdad ante la ley y no discriminación, así como a la seguridad jurídica.
Además, las autoridades más señaladas son los ayuntamientos, las policías municipales y la Fiscalía General del Estado.
Con respecto a los hechos de ayer por parte de normalistas, la DDHPO condenó las agresiones cometidas contra periodistas que cubrían una marcha de estudiantes normalistas, así como los daños ocasionados a comercios y ciudadanía en general en la capital oaxaqueña, en lo que fue una jornada que dejó pérdidas materiales, económicas, pero, sobre todo, un sentimiento de indefensión social.
Señaló que garantizar la libertad de manifestación es un requisito fundamental para la construcción de sociedades democráticas, sin embargo, este derecho tiene que desarrollarse de manera pacífica y respetar los derechos de terceros, para que no pierda su legitimidad.
La DDHPO expuso que la violencia en contra de comunicadores, comercios y personas, además de vulnerar distintos derechos, polariza a la sociedad y la divide, aunado a que rompe uno de los elementos fundantes de toda sociedad humana: la de no extinguir un derecho en la exigencia de otro.
La institución autónoma agregó que las agresiones contra las y los comunicadores dañan a toda la sociedad que se informa a través de ellos, por lo que estos hechos representan un perjuicio colectivo.
Reiteró que cualquier agravio en contra del gremio periodístico es injustificable, pues el periodismo es concebido como la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento.
Por ello, es fundamental que el Estado garantice el acceso a la justicia en los casos de agresiones a las y los comunicadores, ya que de lo contrario se manda un mensaje de permisividad e impunidad de estas acciones.
