Ahora será en Tula, Hidalgo, donde periodistas de todo el país estaremos reunidos en el VIII Congreso Nacional de la Federación de Asociaciones de periodistas de México (FAPERMEX), en medio de un escenario funesto para los comunicadores mexicanos que no hayamos una sola autoridad que nos respalde en estos momentos en que la libre expresión es amenazada por todas las fuentes de poder, provenientes del mismo Estado y hasta del crimen organizado.
Desde que el PAN entró a Los Pinos (año 2000) 53 periodistas han sido asesinados. Tan sólo en lo que va del año 7 de estos compañeros periodistas perdieron la vida luego de que su valiente labor descorriera el velo que mostró ya sea el modus operandi de algunos cárteles o bien las relaciones entre altos funcionarios y las bandas criminales.
Lo más lamentable es que de los autores materiales e intelectuales nadie sabe, no hay “autoridad” que haga una investigación seria. La impunidad ha provocado que los periodistas demos un manotazo y exijamos del Estado su intervención.
La fundación para la Libertad de Expresión (FUNDALEX) expresó ya su indignación y profunda preocupación ante los hechos de violencia que lamentablemente continúa en contra de los periodistas mexicanos.
El último comunicador caído fue apenas el pasado 27 de julio. El corresponsal de la cadena W Radio en Acapulco, Juan Daniel Martínez Gil, que apareció semienterrado después de haber sido torturado y asfixiado.
Al igual que la FUNDALEX , los periodistas de todo el país exigiremos a través de los distintos foros y congresos como el que tendrá lugar en Hidalgo, que las autoridades pongan fin a las agresiones a periodistas.
Porque el derecho a la libre expresión y el derecho a la información es uno de los más fundamentales, un derecho humano y negarlo es sinónimo de opresión.
La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero, luego de encontrar el cadáver de Martínez Gil señaló que se ignoraba el móvil del crimen, así como la identidad del o los homicidas, respuesta típica en la burocracia mexicana asignada a los asuntos de seguridad pública y procuración de justicia.
Desde este espacio nuestro más sentido pésame a los familiares de los colegas también asesinados en lo que va del año; Luis Daniel Méndez Hernández, en el estado de Veracruz; Jean Paul Ibarra Ramírez, también en Guerrero; Carlos Ortega Samper y Eliseo Barrón Laguna, en Durango; Ernesto Montañés Valdivia, en Chihuahua y Martín Javier Miranda, de Michoacán”.
Todos caídos por ejercer su derecho a opinar libremente, por denunciar injusticias, por la exigencia de cambios y por ello se ganaron las amenazas, por ello fueron objeto de censura, peor aún, por ello, fueron privados del derecho a vivir.
Bajo ese ánimo nos reuniremos periodistas de todo el país, para recordar a los hombres del poder que la libertad de expresión no es una concesión del Estado, sino un derecho fundamental e inalienable y la libre expresión es el rostro más parecido a la democracia y por ello una cuestión muy remota para México.
De acuerdo a cifras de los últimos 18 meses presentados por la fundación Manuel Buendía, el período entre enero de 2008 y junio de 2009, ha sido el lapso más violento contra el gremio; se duplicaron las agresiones y aumentaron los asesinatos.
La fundación Buendía para colmo de males, refiere que las entidades con mayor incidencia de agresión a periodistas es el DF con 15.3 por ciento, y el segundo lugar lo ocupa Oaxaca, con 11.7 por ciento, seguido de Veracruz que tiene 9.9 por ciento, Chiapas, 7.2%; Tamaulipas e Hidalgo, con 4% cada uno.
Precisamente en este período violento de 18 meses han sido asesinados 17 periodistas en todo el país, y se han registrado 365 actos de intimidación contra comunicadores. Son datos presentado por Omar Raúl Martínez, presidente de la Fundación Manuel Buendía, en el Informe 2008-2009.
GOBIERNO PIFIADO
TRISTE distinción la de los dos últimos gobiernos panistas por el poco interés mostrado en la defensa de la Libertad de Expresión.
Si en 2007 hubo 7 asesinatos de periodistas, en 2008 fueron victimados 12 más, 8 de estos últimos ocurrieron en zonas fronterizas.
En el primer semestre de 2009 se dieron 142 ataques y 5 asesinatos, cifras calificadas por el informe Buendía como abrumadoras sobre todo porque a lo largo de todo el año 2007 hubo 113 casos de ataques a periodistas, número muy inferior al actual.
«No es gratuito que se catalogue a 2008 y al primer semestre de 2009 como uno de los períodos más violentos y con mayor número de ataques para el periodismo mexicano en los últimos tres lustros», se lee en el informe.
Para dar mayor contexto a la problemática, destacó que si entre 2001 y 2003 hubo siete asesinatos y un informador desaparecido, tan sólo entre 2006 y junio de 2009 se registraron 32 homicidios de periodistas.
Pero hay un aumento sostenido en las cifras, en 2008, el quehacer informativo registró 223 ataques; 31.8% fueron agresiones físicas; 21% amenazas e intimidaciones y 5.3% asesinatos.
De acuerdo a las cifras recabadas las agresiones se centran contra reporteros que cubren las fuentes policíacas y la información política. Ambas áreas concentraron 84% de las agresiones».
Lo más vergonzoso para un país que se dice democrático es que el poder público acumula el mayor porcentaje (60%) de presunta responsabilidad en la agresión contra periodistas y medios de comunicación, al englobar a las fuerzas del orden, a servidores públicos e instituciones de gobierno.
Lejos de lo que la sensación que nos da el violento clima nacional, envuelta en una guerra estéril o simulada contra el narcotráfico, la fundación Buendía estima que de un 14.4% de presuntos responsables de este tipo de agresiones ha sido perpetrados por actores anónimos y de éstos sólo se atribuyen el 2.7% de actos intimidatorios a posibles narcotraficantes.
«Ante las alarmantes cifras, la respuesta de autoridades ha sido de coyuntural y aparente disposición para afrontar el problema, pero los resultados han sido prácticamente nulos. La impunidad sigue reinando», es decir, al estilo del procurador de justicia del Estado, Evencio Nicolás Martínez, que para responder a cualquier asunto que demanda la procuración de justicia dice; estamos investigando.
¿Más precisión? la Directora del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, Amor Lajud, aseguró que los servidores públicos repudian la libertad de expresión, pues 60% de las agresiones a periodistas provienen del Estado.
Este columnista ha sido objeto de constantes intimidaciones, de demandas penales, tal parece que es el precio que los periodistas tenemos que pagar en un país y unos políticos poco avezados a la democracia, a la transparencia y a la conducción normativa (del como debiera ser) de la política.
REFLEXIONES
Y verdaderamente profundas son las que deberían efectuar tanto las autoridades universitarias como la clase gobernante, ante el cáncer que corroe la vida universitaria de Oaxaca.
Por un lado, hay que reconocer que el rescate del recinto universitario –que había sido tomado por los reprobados en el examen de admisión y que a pesar de su insolvencia académica pretenden matricularse como estudiantes de alguna licenciatura– haya tenido saldo blanco. Aunque la liberación de CU la perpetraron a través de las fuerzas del orden, lo importante es que no hubo sangre ya que bastaba una orden de los padrinos de de las pandillas anti-universitarias, como esa del Frente Universitario en Defensa de la Educación Pública (FUDEP), para que los inconformes hubieran echado mano de sus armas caseras, hubieran tratado de repeler salvajemente a la policía, o le hubieran apostado a algún sacrificado, ya se imaginará usted lector el tamaño del desastre que esto hubiera desatado.
Por fortuna, el fin fue distinto, por eso, ahora el rector, Rafael Torres, los grupos políticos de dentro y de fuera de la universidad deberían seriamente pensar en Oaxaca y comenzar por desterrar la práctica del porrismo como fuente de poder y de control en la UABJO , ya bastante daño nos hace la sección 22 en el nivel de educación básica como para que también el mal de la baja calidad y politización de la educación, aniquile la formación profesional.
El estado de Puebla es por antonomasia la muestra de qué tan fundamental y productiva puede ser la determinación de rescatar a la universidad del Estado y encaminarla hacia la academia no hacia la politiquería.
Consúltenos en
O escríbanos a:
fsj9420@prodigy.net.mx
