Francisco García López, el titular de la Segego, explica en entrevista con EL UNIVERSAL, lo que ha vivido Oaxaca en los últimos días: bloqueos carreteros, el incumplimento de acuerdos tras meses de negociación o la retención de casi medio centenar de funcionarios públicos por comunidades
Una mezcla de intereses políticos y económicos han impedido que los pueblos oaxaqueños vivan en paz y alcancen su pleno desarrollo. Detrás de cada conflicto hay una gama de personajes que se encargan de provocarlos y alentarlos.
Así es como Francisco García López, el titular de la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca (Segego), explica en entrevista con EL UNIVERSAL lo que ha vivido la entidad en los últimos días: bloqueos carreteros de más de una semana, retenciones de legisladoras, el incumplimento de acuerdos tras meses de negociación o la retención de casi medio centenar de funcionarios públicos por comunidades.
Frente a ese complejo escenario, el funcionario hace un llamado los líderes sociales, a los dirigentes comunitarios, a los legisladores, a los propios funcionarios federales, estatales y a las autoridades municipales, para que, en aras del desarrollo de los pueblos de Oaxaca, entre todos, se firme un gran pacto social y político que traiga paz.
Con poco más de 30 años de experiencia en la administración pública, admite que le sigue llamando la atención la existencia de problemas ancestrales “que no hemos podido resolver de raíz para que los paisanos vivan en paz y en armonía”. Las causas, denuncia, están en la mezcla de esos intereses económicos y políticos de personajes que viven alrededor de los conflictos.
Desde octubre, cuando asumió la responsabilidad de dirigir la política interna de la entidad oaxaqueña y mantener la gobernabilidad, el político juchiteco no ha tenido días que no afronte conflictos que, a su juicio, deberían estar solucionados desde hace muchos años. “La dinámica no desgasta, pero sí sorprende que la lumbre reviva de las cenizas”, dice.
Apenas en abril de este año, la sacudida social llegó desde las tierras soltecas, cuando pobladores del municipio de Santa María Sola y El Guayabo, agencia del municipio de Sola de Vega, protagonizaron un enfrentamiento por la pretensión de los primeros por absorber administrativamente a los segundos, que derivó en la muerte de siete personas.
Desde entonces, parece que las pugnas que amenazan la gobernabilidad no cesan.
A mediados de julio, por ejemplo, habitantes de Santiago Textitlán retuvieron a 44 elementos de la Guardia Nacional, policía estatal y otros funcionarios, por un viejo conflicto agrario con Santiago Xochiltepec, justo donde en 2002 fueron asesinados 26 campesinos en la Sierra Sur.
Y hace una semana, pese a siete meses de negociaciones, no pudo concretarse el retorno de 143 familias triquis desplazadas por la violencia de Tierra Blanca Copala, en la Mixteca, pues una de la organizaciones, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), incumplió con los acuerdos.
Al mismo tiempo, una disputa por recursos federales y por la decisión del presidente municipal de San Juan Mazatlán de no cumplir con la entrega de 10 millones de pesos a sus agencias desató un bloqueo de siete días, en la carretera Transístmica, que impedía el paso a Veracruz y dejó pérdidas millonarias; la retención de una diputada, la muerte de un transportista y hasta el nacimiento de una bebé.
Curtido en las luchas juveniles de su partido, el PRI, el actual titular de la Segego, acusa que esa mezcla de intereses políticos y económicos han impedido que Oaxaca desarrolle y combata la pobreza y marginación. La reflexión incluye al actual gobierno, pues reconoce que existen temas pendientes.
