Raymundo Ibáñez del Castillo.
Contra la gran traición, orquestada desde las entrañas del gobierno federal y de los estados de Chiapas y Oaxaca, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), impuso la ley.
A través de ocho ministros, de los 11 que conforman la Corte en total, inclinaron el fiel de la balanza de la justicia, en favor de los Chimalapas y los oaxaqueños zoques de la zona oriente de esta entidad del sur de México.
Con todo y el poder del gobierno del Estado de Oaxaca, que pretendía imponer, por encima de la ley, componendas y arreglos en lo oscurito, en abierta complicidad con su homólogo de Chiapas y, aunado a la oportuna, valiosa, insistente, profesional y determinante argumentación jurídica del defensor del caso de los Chimalapas, abogado Víctor Hugo Alejo Torres, el mismo que en 2012, presentó la controversia constitucional 121/2012, una vez más, ganó el caso a favor de Oaxaca.
Tan ganado está el caso, que por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de fecha 14 de febrero de 2024, se verificarán los tres puntos restantes de la frontera de Oaxaca con Chiapas, que estaba siendo utilizado en chicanadas y componendas, disfrazadas de «negociaciones políticas», en lo oscurito, entre los gobiernos de Salomón Jara Cruz y Rutilio Escandón Cárdenas, ambos emanados del partido en el poder.
Con estricto apego y respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 14 de febrero de 2024, se notificó la resolución; y de nada sirvieron los «acuerdos», arreglos y complicidades entre ambos gobernantes y sus secretarios de gobierno, que con todo el poder que ejercen en sus respectivas entidades, por ser los directamente responsables de la política interna y, al mismo tiempo, parte del aborto del PRI- gobierno como es morena, porque finalmente, se impuso la ley, la justicia y la razón a favor de los Chimalapas.
Tampoco sirvió de nada, ante el imperio de la ley, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la muy cuestionable actuación y aliadas abiertamente con la gran traición, orquestada por intereses bastardos y ajenos totalmente a las entidades de Chiapas y de Oaxaca, pero sobre todo de esta última entidad, donde la solución al conflicto limítrofe de Chiapas y Oaxaca, se pretendía torcer, a través de la intromisión de las tres ministras «raseras», al servicio incondicional de la presidencia de la República y de los gobiernos de ambas entidades, emanados de la «mafia en el poder».
Después de darle más largas al añejo conflicto de límites entre Chiapas y Oaxaca, y con todo y que está de por medio la resolución de la Corte, que restituye a la entidad oaxaqueña 1,600 hectáreas, con fecha 13 de febrero de este año, se ordenó el desahogo de la prueba pericial y, una vez visto lo proveído del 11 de julio de 2023, se ordenó remitir el asunto relacionado con los Chimalapas, en los términos precisados.
De nada valió que por consigna, las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Loreta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama, las tres incondicionales, sumisas, serviles y fieles a su amo que las propuso y las impuso como infiltradas como parte de la embestida en contra del máximo tribunal de justicia en México.
Porque por encima de intereses presidenciales y de los gobernantes estatales, que pactaron la «solución del conflicto» de Chimalapas a su antojo y a espaldas de los directamente interesados, como son los comuneros de la región de los Chimalapas en el Estado de Oaxaca.
Por fortuna, hasta los comuneros de Santa María Chimalapas, están plenamente convencidos del imperio de la ley, por sobre componendas «políticas» que favorecían a los chiapanecos, y de alta traición del gobernador Salomón Jara Cruz, en contra de los oaxaqueños de esa zona limítrofe con Chiapas.
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