“DAÑO MORAL” Y PERSECUCIÓN FISCAL, ELEMENTOS DE CENSURA EN PUEBLA

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COMUNICADO CONJUNTO

 

Ante la denuncia pública que han realizado de manera conjunta los periodistas
Rodolfo Ruiz Rodríguez y Carolina Fernández, responsables de los medios
digitales “e-consulta” y “El Popular”, respectivamente, en el sentido de ser
víctimas de persecución política como respuesta a su labor informativa crítica,
libre e imparcial, por parte de las autoridades estatales de Puebla, las
agrupaciones gremiales Federación de Asociaciones de Periodistas
Mexicanos, A. C., FAPERMEX, y el Colegio Nacional de Licenciados en
Periodismo, CONALIPE, manifiestan su rechazo a cualquier intento de
censura e intimidación contra los colegas, sus medios y sus familias.
Exigimos la intervención inmediata de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, a través de la Primera Visitaduría, para profundizar en el tema y
emitir la Recomendación oportuna.
Solicitamos del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración,
de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, su
intervención a través del diálogo con el Ejecutivo de Puebla y su acercamiento
con los colegas comunicadores, ante la grave situación por la que cruzan y que
de concretarse alguna sanción, es amenazante de la Libertad de Expresión y
del Derecho a la Información en toda la nación.
La FAPERMEX y el CONALIPE hacen suyo el Desplegado publicado el fin
de semana en varios medios y se suman como firmantes del mismo:

“El ejercicio de la libertad de expresión es imprescindible para refrendar la
legitimidad de las acciones de un gobierno democrático. Ese derecho
fundamental es la primera línea de defensa con la que cuenta la sociedad
mexicana contra las acciones de un gobierno despótico.

Puebla ha sido testigo de las prácticas autoritarias cometidas por los
gobernadores a lo largo de largas décadas. Políticos que con el poder absoluto,

sin contrapesos en los poderes legislativo y judicial, han hecho un uso
faccioso de los instrumentos del Estado a cargo del ejecutivo; mandatarios
intolerantes, acostumbrados a aplicar la mordaza y la persecución judicial
como una forma de control del periodismo crítico independiente. Tal ha sido
la condición histórica de la prensa en Puebla.

Los hechos recientes de acoso judicial y administrativo contra los medios de
consulta, dirigidos por Rodolfo Ruiz Rodríguez y El Popular, encabezado por
Carolina Fernández, reconocidos por su línea editorial independiente y crítica,
confirman que el gobierno de Miguel Barbosa Huerta sigue los pasos
lamentables de sus antecesores: una visible estrategia de ataques,
hostigamiento y desgaste contra ambos medios informativos que, como lo ha
confirmado la organización Artículo 19 en una investigación sobre los ataques
a la libertad de expresión en Puebla, han sido objeto de descalificaciones y
campañas de desprestigio, bloqueos informativos y publicitarios, embestidas
digitales y persecuciones judiciales. Y ahora, por la vía de la auditoría fiscal,
un intimidatorio hostigamiento administrativo.

Desde hace dos años, el medio digital “e-consulta”, dirigido por el periodista
Rodolfo Ruíz Rodríguez, ha enfrentado una campaña de acoso, amenazas y
procesos jurídicos en contra de su labor informativa. “En el caso de e-consulta
–denuncia Artículo 19– el acoso se reproduce por medio  de la vía civil pues
se mantienen siete demandas por daño moral en contra del director del medio,
las cuáles se encuentran en trámite y cuyas afectaciones alcanzarían un total
de 37 millones de pesos en indemnizaciones que pretenden obtener del medio.
Es importante señalar que dichas demandas han tenido en común una misma
estructura de argumentación y un mismo cuerpo de abogados.”

A esta campaña de presión y censura contra “e-consulta”, el gobierno ha
sumado al periódico “El Popular”, contra el que arremete por la vía de una
campaña de desprestigio contra su directora Carolina Fernández.

A través de un medio de comunicación se dijo que la Unidad de Inteligencia
Patrimonial y Económica del estado acudió ante la Fiscalía General del Estado
(FGE) para denunciarla por lavado de dinero. No hay indicio alguno de que
exista tal denuncia. Y es claro que se busca la intimidación y la censura.

El pasado 10 de noviembre el gobierno de Miguel Barbosa dio un paso más en
sus acciones de hostigamiento contra estos periodistas: ambos medios de
comunicación recibieron un citatorio para fines de ejecución de una auditoría
por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno de Puebla,
misma que les exigía más de 20 documentales desglosados en un plazo de
quince días; a “e-consulta” de los años 2018 y 2019 y para “El Popular” de
2019 y 2020. A la medida fiscal le siguen las amenazas de sanciones
económicas, embargos y uso de la fuerza pública para exigir el cumplimiento
de las disposiciones fiscales.

A todas luces se trata de una campaña orquestada en contra de dos medios
reconocidos por su postura crítica frente al gobierno de Miguel Barbosa.

Creemos que estas campañas de intimidación representan un riesgo para el
ejercicio periodístico en Puebla, un estado donde hoy se viven tiempos de
intolerancia y mordaza. Resulta incongruente que Miguel Barbosa replique las
viejas prácticas que criticó en el pasado reciente.

El ejercicio de gobernar democráticamente demanda pluralidad, contrapesos y
la apertura a una diversidad de opiniones.

Desde diferentes sectores de la sociedad poblana instamos al Gobierno Estatal
a respetar la libertad de ejercer un periodismo libre, crítico, incluyente y plural
que investigue y cuestione los excesos cometidos desde el poder.

Frente a los excesos del poder, no podemos permanecer en silencio, ni los
medios locales y estales ni la FAPERMEX ni el CONALIPE.
Colima y Ciudad de México a 22 de noviembre de 2021.