OAXAQUEÑOS A EXIGIR

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SI LOS dueños de la sección 22 vuelven a entramparse en sus radicalismos sitiando la ciudad y cerrando las escuelas por enésima ocasión como ya lo empezaron a hacer nuevamente, y el gobierno -federal y estatal- actúa con patriotismo, este mayo puede empezar a tocar fondo uno de los movimientos sindicales más pervertidos y corrompidos.

SOLO ES cuestión de esperar pues parece que el CHEPI y los cerebros que lo tripulan, se están enredando en sus excesos.

A eso se debe que de repente, el Congreso del Estado empiece a descubrir “la opacidad” con que se manejan las escuelas Normales donde, dicen, es urgente reglamentar su funcionamiento porque los pocos docentes que asisten a las aulas no cumplen con su tarea de educar mientras que la mayoría son asignados a labores sindicales. También, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya esté emitiendo recomendaciones para acotar los abusos de la sección 22 y está ventilando -como para motivar la conciencia social- la permanente violación de las leyes locales, nacionales e internacionales, con el constante cierre de escuelas.

CON LA oportunidad que caracteriza a esta columna, los días 4, 6 y 8 de mayo pasado, comentamos que la falta de valor, principalmente por desconocimiento de sus derechos, los padres de familia no se han atrevido a demandar jurídicamente a la sección 22 y al gobierno que actúa como su cómplice, por educación tan deficiente.

NO SON POCOS los juristas e investigadores que se sorprenden del excesivo abuso de los sindicalistas y la pasividad de los padres de familia ante la permanente violación del artículo tercero constitucional.

DESDE QUE inventaron el movimiento “democrático”, con tantos paros los maestros oaxaqueños acumulan seis años escolares perdidos, en perjuicio de l.3 millones de alumnos de primaria y secundaria, pero hay algo insólito, nadie los ha demandado -al gobierno a la sección 22- por la transgresión de la ley que prescribe 200 días de clases al año (Ley General de Educación, artículo 51). Otros tres ejemplos: ante las nuevas evidencias de los bajos resultados de aprendizaje de los alumnos, aportadas por las evaluaciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y algunas pruebas internacionales como el PISA, nadie ha demandado al Estado mexicano por incumplir su obligación de proporcionar una educación de calidad.

LOS CEREBROS de la sección 22 han seguido la estrategia de “entre mas iletrado el pueblo (por eso cierran las escuelas) más fácil de manipularlo”.

HASTA ahora les ha dado resultado. Por eso es necesario alertar al pueblo.

ES MOMENTO de alertar a la ciudadanía en base a la recomendación que acaba de emitir la CEDH cuyo presidente Heriberto Antonio García, remarca que el no encauzamiento “del diálogo y la conciliación en tiempo oportuno (porque derivará necesariamente que los poltrones maestritos se vayan al paro laboral) violenta preceptos establecidos en: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 3° y 6º; en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el numeral 26; Declaración de los Derechos del Niño, principios 2 y 7; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en los artículos 10.3 y 13.1; en la Convención Sobre los Derechos del Niño, ordinal 28.1; en el Convenio Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, en su artículo 26; en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en el dispositivo 47; en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en el artículo 12; Ley General de Educación, en sus diversos 2° y 32; en la Ley Estatal de Educación, numerales 2 y 89 en sus fracciones I y II; en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el artículo 3° apartado A; Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca, en su ordinal 56 fracciones I, X, XV y XXX; y Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública, en las fracciones II, IX y X del artículo 25.

SI PERMANENTEMENTE los “revolucionarios” tripuladotes de la 22 invocan tratados internacionales para eludir responsabilidades. Es menester que el pueblo, a ese que tanto han perjudicado durante 30 años de constantes huelgas, conozca las leyes y tratados internacionales para exigir una educación real para sus hijos.

HASTA perogrullesco suena decir que el llamado “movimiento democrático magisterial”, a lo largo de 30 años -más de un cuarto de siglo- sólo ha degradado la educación y resulta ser el primer obstáculo al desarrollo de Oaxaca. Falta ver qué responde el IEEPO ante la recomendación que ya tiene en sus manos. A los maestros resulta prudente preguntarles ¿Se dan cuenta a quién están beneficiando con sus actos?

Señalábamos lo aciago que resulta que muchos padres ni siquiera tienen un punto de referencia de lo que es una <> educación; que confunden la buena educación con la innovación de medios didácticos, libros y tecnologías, en comparación con las existentes en el pasado.

Lo más grave; los paterfamilias tienen la convicción de que la educación es una prestación gratuita del Estado, y no un derecho exigible.

RESULTA interesante (¿o será acaso que se están complicando las negociaciones respecto a las peticiones 2009 de la sección 22?) que a pesar de las pocas voces que se alzan por una mejora educativa –padres de familia, autoridades municipales, alumnos, hasta verdaderos docentes que con sus quejas conformaron los expedientes que dieron cuerpo a la recomendación de la CEDH– finalmente, el estado haya dado un manotazo a los ignaros lidercillos de la 22.

EL titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Heriberto Antonio García, finalmente emitió una recomendación al titular del IEEPO, Abel Trejo, para que éste actúe ante las trasgresiones a derechos humanos (entre ellas el descuido de la enseñanza) que comete el magisterio oaxaqueño, cada vez que realiza sus constantes paros.

En la recomendación se lee que “el Instituto Estatal de Educación de Oaxaca tiene el deber de realizar todas las acciones necesarias para que la ciudadanía no sufra afectaciones y sancionar de acuerdo con la legislación aplicable a los responsables de dicha transgresión, toda vez que no hacerlo generaría ingobernabilidad e impunidad”. Zas.

Antonio García, dejó muy claro, que es “es un hecho notorio que las conductas de los profesores originan una violación al derecho a la educación de la población estudiantil en el Estado” derecho consagrado en el artículo 3º de nuestra Carta Magna”.

Ante ello, la recomendación de Derechos Humanos pide al IEEPO que adopte de manera inmediata las acciones necesarias para evitar la suspensión de clases en perjuicio de la población escolar de nuestro Estado, durante el tiempo en que se realizan las negociaciones respecto del pliego petitorio presentado por el Magisterio ante las diferentes instancias de Gobierno y que se provea lo necesario para que se realice la ampliación del ciclo escolar, en términos de las directrices emitidas por el Gobierno Federal; esto a fin de que se cumpla cabalmente con el programa establecido para el presente ciclo escolar.

La recomendación da pie a que la ciudadanía también exija, apriete a las autoridades y a los dueños de la 22 para que cumplan con el trabajo por el que reciben a cambio una remuneración que por si fuera poco es producto de una pesada recaudación que asfixia a la clase trabajadora, a la clase empresarial, a profesionistas independientes, etc. No se les pide ningún absurdo sólo !que trabajen¡ Oaxaqueños es hora de tomar la cultura de la exigibilidad.

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Autor de Escaparate Político desde 1977 consolidada como una de las columnas de mayor permanencia. Dos veces Premio Estatal de Periodismo; Premio México de Periodismo de la Federación de Asociaciones de Periodistas de México. Socio fundador de la Asociación de Periodistas de Oaxaca. Corresponsal (Oaxaca) de la gran cooperativa de Excélsior hasta su privatización.

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