APLAUDEN los panegiristas de los dueños de la “revolucionaria” sección 22 del SNTE, y dicen que la marcha del uno de Mayo, con menos de un millar de “maestros” enmascarados y cholos violentos, fue “combativa”.
AYER domingo un grupo de jóvenes, también enmascarados y excesivamente agresivos contra la ciudadanía, encabezados por “El Alebrije” Venegas, uno de los íconos de la APPO y del magisterio “democrático”, marcharon hacia el Zócalo para pedir el esclarecimiento del asesinato de “ La Talhía ”, otro de los porros símbolo de la “revolución del siglo 21” .
PARA el transeúnte común, para los dueños de los escasos comercios, casi en quiebra, del Centro Histórico, estas movilizaciones tan recurrentes en nuestra sufrida ciudad, NO tienen nada de revolucionario ni puede ser enseñanza de democracia como tampoco puede catalogarse con estas cualidades el discurso del títere SANTIAGO CHEPI que amenaza, no al gobierno que dice combatir pero con el que cohabita en lo oscurito, sino a la ciudadanía.
LAS incoherencias de los que se alzan sobre los descastados trabajadores de la educación, rayan en lo demencial.
VEAMOS: Dice el tal CHEPI -repitiendo la voz del amo- que más que la epidemia que nos azota “hay grandes males históricos como la pobreza, la injusticia y el hambre que de manera irresponsable han hecho caso omiso los gobiernos…”. Pero no dice que los que lideran la sección 22 desde hace 30 años, son parte del gobierno desde que se apoderaron de los mandos del IEEPO, por tanto son también responsables de esa pobreza y principalmente del sometimiento del pueblo al cerrar las escuelas constantemente. Entre más ignorante sea el pueblo más fácil es manipularlo.
“HAY CUENTAS pendientes”, amenaza CHEPI, en tono barriobajero y remata con “que se atengan a las consecuencias”. Desgraciadamente ya sabemos que esas consecuencias las paga el pueblo. Amenazan con cerrar, otra vez, calles, carreteras, comercios. Todo contra el pueblo, nada contra el gobierno con el que siempre buscan negociar. Destruir y no construir y agredir de manera tan alevosa, no a los gobernantes sino al pueblo, no pueden ser signo de alguien que habla de revolución habría que decirle a esos que le dan cuerda al pobre CHEPI que en otra de sus fanfarronadas estúpidas dice que sus peticiones de mayo “las entregamos al gobierno federal porque no reconocemos a Ulises Ruiz con quien tenemos cuentas pendientes…”, cuando en todos los medios se publicó la foto del Secretario General de Gobierno JORGE Toledo con toda la dirigencia seccional recibiendo el pliego petitorio.
LAS CONCECUENCIAS
TANTA complicidad de los sucesivos gobiernos en los últimos 30 años con los eternos, aunque embozados, dirigentes de la sección 22, ha prendido focos rojos en el atraso inconmensurable de la educación en Oaxaca.
La revista Este País (Edición 216) publicó recientemente un artículo acerca del derecho a la educación, los cuestionamientos que plantean son tan certeros que vale la pena reproducir algunos extractos, El autor es Pablo Latapí Sarre, académico de la UNAM.
“Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado […] impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación obligatoria […] Toda la educación que el Estado imparta será gratuita.”
LA sección 22 del SNTE desde hace casi 3 décadas, permanentemente viola esta ley. Al respecto Latapí dice: “en Oaxaca en el curso de los últimos dos años se suspendieron las clases por meses enteros en perjuicio de más de 800 mil alumnos de primaria y secundaria, sin que nadie lo reclamara; algo semejante sucedió en Quintana Roo y en Morelos, en clara trasgresión de la ley que prescribe 200 días de clases al año (Ley General de Educación, artículo 51). Otros tres ejemplos: ante las nuevas evidencias de los bajos resultados de aprendizaje de los alumnos, aportadas por las evaluaciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y algunas pruebas internacionales como el PISA, nadie ha demandado al Estado mexicano por incumplir su obligación de proporcionar una educación de calidad; se siguen cobrando cuotas “voluntarias” en las escuelas públicas, al parecer violatorias de su gratuidad y en muchas comunidades indígenas los maestros ignoran la lengua de la comunidad, por lo que el derecho a una educación aceptable no está siendo satisfecho”.
Para Latapí, la culpa no sólo viene del Estado, sino de la sociedad porque “nadie denuncia jurídicamente estos hechos (…)” Porque, según entiendo, la sociedad soslaya algo; la educación es exigible.
La violación al derecho a la educación lo es porque a pesar de que el artículo tercero constitucional consigna el derecho a la educación (particularmente la obligación del Estado de impartirla en sus niveles básicos y su gratuidad) lo hacen también muchas leyes estatales; porque la gratuidad y la equidad de la educación pública, al no cumplirse a cabalidad limita la igualdad de oportunidades y origina que este derecho no sea efectivo para todos.
A VER, QUE DICE LA CORTE
Más cuando, dice Latapí; “(…) El panorama jurídico completo del derecho a la educación debe tomar en cuenta que es también un derecho fundamental, reconocido internacionalmente, y que México se ha comprometido a observarlo, respetarlo e implementarlo”.
Con esto, los resultados de las mediciones que se hacen a los aprovechamientos de los estudiantes del sistema de educación público, representan una burla y eleva a sólo bellas palabras y aun decálogo de buenas intenciones al tercero constitucional.
De acuerdo al artículo, son los vacíos en la Ley General de Educación (LGE) “como la no imposición de ninguna sanción a las autoridades que no traduzcan en acciones concretas la distribución equitativa de las oportunidades educativas…” parte importante de la deplorable ecuación.
OTRO punto muy delicado y que necesariamente debieron haber tomado en cuenta los enviados de la Suprema Corte que investigaron el desastre político del 2006 y el prolongado cierre de escuelas, es el siguiente: “Aunque la LGE incluye un capítulo VIII dedicado a “las infracciones, las sanciones y el recurso administrativo” éstas sólo se refieren a los particulares que incumplan la ley al prestar servicios educativos; ninguna sanción se prevé para las autoridades que violen este derecho, y -lo que es una aberración jurídica- se exime expresamente a <
“(…)Más allá de estas deficiencias de los textos legales, hay que señalar otras como el no considerar la materia educativa como una garantía del derecho a la educación, sino como una facultad del Estado para intervenir en el orden educativo, de donde la educación se considera una tarea del Estado, no tanto, un derecho del individuo”.
Apunta el autor que nos ocupa que “El estado ha influido en minimizar sus obligaciones respecto a la educación; -porque- ésta se han visualizado (en las leyes y en la percepción popular) como una “prestación”, o sea un “servicio gratuito” que el Estado proporciona a los ciudadanos, no como un derecho de éstos que el Estado debe satisfacer.”
Tras esta reflexión, Latapí toca el tema neurálgico, “la exigibilidad y la justiciabilidad. La justiciabilidad respecto a un derecho significa que puede ser invocado ante los tribunales y ser objeto del sistema judicial. La exigibilidad, en cambio, es un concepto más amplio que incluye, además de las medidas judiciales, otras de carácter legislativo, político, administrativo o social, conducentes a hacer eficaz ese derecho.. (…)”.
SIN DUDA un tema fundamental que no debe ser soslayado por la sociedad, con el cual mañana continuamos.
