PARTIDOS SIN CREDIBILIDAD

AUNQUE desde principio de año andan en abierta campaña (no hay que olvidar que en política no existe el PRE) legalmente en esta semana dieron luz verde a los candidatos de todos los partidos políticos para lanzarse por esos caminos de Dios en busca del voto popular.

SI NOS apegamos a las encuestas, no hay de otra que compadecer a los que quieren el voto para ser diputados. Compadecerlos porque los legisladores no alcanzan siquiera 5 puntos de credibilidad -según los últimos sondeos- y los partidos políticos tienen el más bajo nivel de credibilidad.

PERO no faltan las paradojas. Las mismas encuestas ubican al PRI como el más alto en las preferencias electorales y lo ubican como el gran triunfador en estas elecciones federales intermedias, es decir, aquí aparece el fenómeno del abstencionismo que, como siempre, beneficiará al PRI con su voto duro.

TAL vez a eso se debe el optimismo con que arrancan su campaña algunos, como los priistas Manuel DE ESESARTE (Oaxaca de Juárez), Manuel GARCÍA CORPUS (Santa Lucía), EVIEL PÉREZ MAGAÑA (Tuxtepec), JORGE González ILESAS (Huajuapam), entre otros que se han ingeniados alternativas ante la prohibición de los actos masivos.

SOMOS CONFORMISTAS

A ESTA conclusión llega el investigador de la UNAM, Pablo Latapí, al tocar el tema de los padres de familia que no sabemos (¿o será que no tenemos el valor?) de exigir el derecho de nuestros hijos de recibir una educación adecuada cuestión que nos han arrebatado los líderes sindicales, como los de la sección 22 y la dueña del SNTE, ELBA ESTHER GORDILLO, tan corruptos y autoritarios uno como el otro.

Como una solución que permita cristalizar la justiciabilidad en el derecho a la educación, Latapí sugiere que ayudaría grandemente que la legislación del país contuviese las disposiciones necesarias para fundamentar las violaciones al mismo, lo que actualmente no es posible por las graves carencias y deficiencias del marco jurídico.

“El camino para la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales comienza en la determinación de la obligación incumplida por parte de la autoridad y para eso es necesario determinar el acto de autoridad que se va a reclamar.”

Pero eso por el lado que corresponde al Estado, más la exigibilidad del derecho a la educación “depende de otros factores de naturaleza cultural: se requiere de una cultura de los derechos humanos, la existencia de individuos conscientes de este derecho y dispuestos a exigirlo, y el respaldo de personas con autoridad moral como académicos, juristas y políticos prestigiados”.

EH aquí el problema, “en México el 85% de los padres de familia está satisfecho con la calidad de la educación que reciben sus hijos en la escuela pública: la califican con 8.5 sobre 10 y consideran que los maestros están bien preparados (muy bien 19%, bien 61%), incluso mejor que cuando los padres fueron a la escuela”.

Esto –refiere Latapí– “se debe a que muchos padres no tienen un punto de referencia de lo que es una <> educación; probablemente toman como referencia la educación que ellos recibieron, y juzgan que ahora la escuela de sus hijos cuenta con mejores medios didácticos, libros y tecnologías, además de las becas del programa <>; se fijan en esto más que en lo que efectivamente <> sus hijos. Segunda consideración: Predomina en ellos la convicción de que la educación es una prestación gratuita del Estado, y no un derecho exigible”.

Entonces ¿quién tiene más culpa de nuestra ínfima educación?

El que la educación sea una prestación gratuita y no un derecho exigible, evidencia que “una <> de estas características actúa como vacuna contra los resultados negativos de las evaluaciones internacionales sobre la calidad de la educación del país y no es propicia para que las violaciones al derecho a la educación sean objeto de reclamaciones jurídicas”.

“Al analizar el problema de la exigibilidad en México es inevitable, también, ponderar el contexto sociopolítico y sociocultural en el que se mueve y se maneja la educación. De poco sirve que la Constitución establezca que <>, si los intereses de los que depende que ese derecho se satisfaga actúan, desde hace muchos años, al servicio del poder sindical y de redes políticas clientelares, manejadas en su provecho por los partidos políticos y los gobiernos estatales. La manipulación política de los maestros, los <> cupulares respecto a su evaluación y capacitación, las restricciones a la participación de los padres de familia en las escuelas, entre otros factores, interfieren con la norma constitucional que garantiza teóricamente este derecho y en la práctica la nulifican”.

En nuestro caso muy particular, la no exigibilidad de resultados ha hecho que la inconmensurable cantidad de dinero público destinado a la educación tenga resultados estériles, tan grave, que cada año, el déficit que genera el pago destinado a los sindicalizados de la sección 22, represente un 10 por ciento del presupuesto que maneja nuestro estado. El IEEPO tiene números rojos por más de 3 mil millones de pesos por conceder prerrogativas a los mentores sin sustento presupuestal.

Lo más grave es el escenario maniqueo que han institucionalizado los eternos manejadores de la 22. Cada año cobran más, lo que patrimonialmente los fortalece, pero cada año el nivel educativo decae, los menores cada día saben menos, cada día la sociedad se empantana más en el subdesarrollo.

La no exigibilidad, se muestra incluso mediante el bajo índice de recomendaciones emitidas por la CNDH con relación a los servicios educativos, de éstas –según cita Latapí– sólo once recomendaciones se refieren estricta y directamente al derecho a la educación; las demás versan sobre abusos sexuales contra alumnas o alumnos, violaciones al derecho de protección de la integridad, maltratos, o violaciones a los derechos de los maestros o trabajadores de instituciones educativas; no obstante, algunas de ellas afectan indirectamente el derecho a la educación o condicionan su disfrute. Respecto a las quejas recibidas por la CNDH , en su último Informe Anual (2007) se registran 167 clasificadas dentro del rubro <> y, en el listado de <>, la SEP aparece señalada en 311 casos.

“Desde esta perspectiva debería considerar ( la CNDH ) de su competencia algunos hechos públicos y reiterados que constituyen violaciones colectivas y reiteradas a este derecho (como la baja calidad o las interrupciones del servicio educativo). Independientemente de ello, cabe recordar que la CNDH tiene facultad para iniciar quejas y emitir recomendaciones e informes especiales motu proprio, es decir sin que medie petición alguna; hasta ahora no lo ha hecho en esta materia. Por otra parte, en sus recomendaciones no debiera limitarse al derecho nacional para fundamentarlas, sino enriquecer esa fundamentación con la legislación internacional sobre derechos humanos, en lo que sea aplicable.

“Frecuentemente surgen voces que proponen crear un ombudsman específico para la educación, dada la importancia de este derecho y de sus violaciones. Aunque esta propuesta tiene aspectos debatibles, ciertamente contribuiría a impulsar la justiciabilidad, además de que ayudaría a definir con mayor precisión su alcance y a concientizar a la población acerca de sus derechos en materia educativa.”

Latapí no niega que haya avances hacia el cumplimiento universal y razonablemente suficiente de este derecho. La exigibilidad (como cultura), es un proceso gradual, que debe avanzar. Asegura incluso que recientemente, se ha ido ganando terreno en la cultura jurídica en la conciencia de los ciudadanos una perspectiva democrática en la que se subraye el derecho del individuo a la educación y se reclamen obligaciones de parte del Estado para satisfacerlo.